SEDICIÓN: LÍO POLÍTICO NO JURÍDICO.
ALBERTO LÓPEZ NÚÑEZ
Colombia se está ahogando en un vaso de agua, y esto puede ser catastrófico y con consecuencias perennes. El gobierno Uribe logró la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, como medio jurídico para lograr su política de desmovilización de los paramilitares. Las AUC, efectivamente se desmovilizaron, entregaron sus armas y la gran parte de sus líderes están en prisión. Este sólo hecho las hace diferenciar completamente de las guerrillas, en los actuales momentos, quienes se encuentran en pie de guerra, realizando ataques terroristas en sus territorios y en algunos centros urbanos claves de la nación, amén de tener como descampadero las fronteras con Venezuela, dada la política de apoyo velado a éstas que el gobierno Chávez realiza.
Ambas guerrillas comenzaron con una finalidad ideológica, las guerrillas en los 60 para implantar un régimen comunista en el país, las AUC, a finales de los 70, para defenderse de las guerrillas, ante la incapacidad del Estado. Los Maquiavélicos propugnan que el fin justifica los medios, y hay una corriente en Colombia, que abiertamente propugna eso, al establecer que las guerrillas al tener como fin la suplantación de un estado ineficaz, deben considerarse como sediciosos, y obtener así las penas que como delitos políticos se estipulan en la Legislación colombiana. Consideran ellos, que esto no se aplica a los paramilitares, pues su fin no era suplantar a un Estado ineficiente por uno ideal, sino apoyar a ese mismo Estado ineficiente. La verdad es que como .lo señalé arriba, ambas organizaciones se iniciaron con un fin ideológico, y por lo tanto a ambas, en su origen, les correspondería la tipificación del delito de sedición.
Pero el problema se complica, en mi opinión, por que a partir de finales de los 80, ambas recurrieron al narcotráfico, como combustible de la guerra, y a finales de los 90, se desmadraron , como diría un mexicano, y la coca, pasó de combustible a fin mismo de su existencia, por lo que de organizaciones guerrilleras, con finalidad política, se convirtieron en vulgares narcos, los para, y en narcoterroristas, las FARC.
Queda pues, el gran dilema de si se corresponde aplicarles el delito de sedición a ambas organizaciones. A diario se encuentra uno con numerosos artículos en una y otra posición respecto al problema. Como sabemos los colombianos son muy formalistas, y en lo jurídico aún más, no es de extrañar pues, que se haya abierto una inacabable polémica jurídica respecto al tema. Dentro de la gama de artículos jurídicos, quisiera destacar el de Juan Manuel Charry Urueña. “Los delitos Políticos”, El Tiempo, 29-07-07.Recalca que la Constitución no define que es un delito político, como tampoco lo hace la Ley. Por lo tanto: “Constituye un error considerar que tan sólo son delitos políticos los mencionados de rebelión, sedición y asonada, cuando es posible que otros delitos tengan esa connotación. También constituye un error considerar que la Ley de Justicia y Paz equiparó concierto para delinquir con sedición y por ello atribuyó naturaleza política al primero”. De manera que según mi interpretación lo que sugiere el autor, es una solución intermedia entre estos dos extremos, que se supone jurídica, pues es en esos términos que él analiza la problemática, pero sin definir cual sería esa solución.
Ahora bien, y como el título lo sugiere, mi opinión es que el problema o lío, como lo han caracterizado aquí en Colombia, no es jurídico sino político. Acá también se ha creado una prolija literatura, destacándose, como siempre los reportajes de las revistas Cambio y Semana. Me baso en definir el lío como político, en el excelente artículo de quizás el mejor analista del problema de la violencia política en el país, el también Presidente de la Comisión de Reconciliación, Eduardo Pizarro León Gómes, quien en “ ¿ Justicia Masiva o ejemplarizante? ( El Tiempo,30-07-07), relata toda la amplia gama de soluciones políticas que se le ha dado a la justicia post-conflicto en el mundo contemporáneo, y en el cual la regla ha sido la de juzgar a los principales responsables, con la concatenante reincorporación de los ex combatientes a la sociedad. Esto parece una salida de sentido común, sin embargo, no ha sido la adoptada por Colombia. “Hemos decidido adelantar no unos juicios ejemplarizantes como en Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona sino unos juicios masivos que involucraría a más de 2.700 miembros de las AUC. Un desafío sin antecedentes en el mundo. Basta recordar que en el Juicio de Nuremberg fueron juzgados 24 miembros del Tercer Reich y en los Juicios de Tokio, el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente enjuició a 25 oficiales y funcionarios civiles” . Continúa Pizarro indicando verdades de Perogrullo, pero que en Colombia casi nadie quiere entender: “Es increíble: todos los países del mundo encuentran formulas para dejar atrás el pasado. Los colombianos, por el contrario, nos obstinamos con aberración enfermiza a prolongar el desangre que nos afecta desde hace cinco décadas… necesitamos construir un modelo viable y sostenible de transición hacia la paz con base en los principios de justicia transicional, la cual busca armonizar el derecho a la justicia con el derecho a la Paz”.
Esta formidable conclusión de Eduardo Pizarro, no deja lugar a duda, que la solución al problema planteado es política, y por lo tanto los colombianos (en especial sus máximos jueces) deben olvidar los formalismos jurídicos y avocarse a buscar una solución jurídica inmediata que dé base a esa solución política de justicia transicional que propone Pizarro, y que es la única solución al conflicto colombiano.
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